En menos de 24 horas, Abdo Benítez promulgó ley que agrava penas por ocupaciones – Télam

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Bentez, promulg este jueves, a menos de 24 horas de su sancin, la ley que agrava las penas para quienes invadan tierras privadas, una iniciativa que volvi a ser cuestionada por grupos sociales, de indgenas y campesinos, y que amenaza con agravar la serie de protestas que se registran en las calles de Asuncin.

La promulgacin –“en forma meterica”, ironiz el diario ltima Hora- fue anunciada por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernn Huttemann, y la ministra de Justicia, Cecilia Prez, en conferencia de prensa.

Lo central de la nueva norma es la modificacin de artculo 142 del Cdigo Penal para gravar con hasta 10 aos de crcel a quienes ocupen propiedades privadas, una cuestin por dems sensible en un pas con una fuerte concentracin de la tierra.

Hasta este jueves, la “invasin de inmueble ajeno” era penada con hasta 5 aos de prisin y se aceptaban “medidas alternativas”, y ahora la pena va de 6 a 10 para el caso de que exista “violencia o se registren daos” a la propiedad.

Por otro lado, ni la Justicia ni el Estado investigaron jams sendos pedidos de la ONU y de la Comisin de la verdad que advirtieron que durante la dictadura de Alfredo Stroessner el 37% de las tierras tiles del pas haban sido entregadas irregularmente y que entre los beneficiarios se contaron militares, legisladores y empresarios.

Pese a la promulgacin, a las puertas del Congreso se mantena la vigilia de representantes de comunidades indgenas y organizaciones campesinas, que advierten que la modificacin del Cdigo Penal que significa la ley solo apunta a “criminalizar” la protesta y pone en riesgo la ocupacin ancestral de muchos terrenos por parte de los locales.

El mircoles, grupos de manifestantes ya haban cerrado rutas en el interior del pas y, tras enfrentarse con la Polica, dieron un ultimtum 48 horas a Abdo Bentez para que vetara la ley, pero el mandatario desatendi esa pretensin.

El clima de tensin en los alrededores del Parlamento se complejiz con la detencin del lder indgena Derlis Lpez Ortiz, que, segn la Polica, tena cuatro rdenes de detencin en contra.

La captura gener un cruce de piedras, flechas y balas de goma entre los manifestantes y la Polica Nacional.

El titular del Instituto Paraguayo del Indgena (Indi), dgar Olmedo, hizo un llamado “a la paz y a la concordia de todas las comunidades, para favorecer el dilogo” y denunci que los pueblos originarios fueron “manipulados” por grupos a los que no identific.

En la conferencia de los funcionarios, consultado por la premura en la promulgacin de la controvertida norma, Huttemann dijo que Abdo Bentez ya vena haciendo «el anlisis y estudio anteriormente».

«Ya se vena manteniendo conversaciones con los parlamentarios y proyectistas y una vez que ingres la decisin ya estaba tomada», asegur.

La ministra Prez, por su parte, afirm que la aplicacin de la ley «va a estar en la cancha de cada Juzgado», por lo que ser el juez quien decidir eventuales sentencias.

Se estima que en Paraguay hay unas 8 millones de hectreas –algunos relevamientos hablan de 12 millones- cedidas entre 1954 y 2003 a personas cercanas a la dictadura de Stroessner, un paquete de propiedades que la prensa y las organizaciones suelen llamar “tierras malhabidas”.

Lo central de la nueva norma es la modificacin de artculo 142 del Cdigo Penal para gravar con hasta 10 aos de crcel a quienes ocupen propiedades privadas”

El proyecto fue presentado en el Senado por Fidel Zavala, de Patria Querida, pero tuvo el enorme acompaamiento de las bancadas en las que se divide el gobernante Partido Colorado en las dos cmaras.

Pocas semanas antes de la presentacin de esta iniciativa haba ingresado al Congreso otra en sentido opuesto: buscaba, justamente, despenalizar las tomas.

En el Senado se registr una nueva discusin sobre el tema, antes del inicio de la sesin, y la oposicin volvi a cuestionar la sancin.

Sixto Pereira, del Frente Guas, lament que exista «una poltica excluyente y un Estado servil a un grupo econmico», y critic que no se haya escuchado siquiera el pedido de dilogo de la Iglesia Catlica.

La senadora oficialista Blanca Ovelar fue de las pocas voces oficialistas en marcar una diferencia: «Las enormes dificultades para enfrentar un pas tremendamente desigual se perciben en estos incidentes, donde por una parte existe un derecho a la propiedad privada y por otro a acceder a una parcela», coment.

«Esto demuestra el fracaso de administraciones; es insuficiente la capacidad del Estado para abordar este tema», apunt.

Mientras, la demoprogresista Desire Masi afirm que la ley no es una solucin a nada y advirti que “no se puede seguir tratando de esconder bajo la alfombra la grave problemtica de las tierras y diciendo que se trata de una cuestin ideolgica”.

“Aunque s se trata de una cuestin ideolgica: de gente que cree que es normal la inmoral desigualad que se tiene en Paraguay”, ironiz.

Desde la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), que agrupa a 35 organizaciones, Abel Areco, integrante del Equipo Jurdico, alert que la ocupacin era “para muchos sectores el nico mtodo para acceder a una porcin de tierra, y para que se atienda el reclamo y fueran reubicados”.

“La nueva ley responde a intereses del sector latifundista, de ganaderos, de productores de soja.

Claramente hay un inters empresarial detrs, y se basa en un discurso falaz que no se ajusta a la realidad”, advirti Areco en declaraciones a Tlam.

Integrante adems del Centro de Estudios Base Investigaciones Sociales, el abogado lament que “en Paraguay no hay una poltica pblica para garantizar el derecho de acceso a la tierra y los presupuestos parta comprar tierras de los organismos que se ocupan de la cuestin son nfimos ante la demanda que existe”.